En el Uruguay contemporáneo, nos enorgullecemos de una vanguardia legislativa que parece abrazar la autonomía individual con un celo envidiable. Sin embargo, tras el lente de la progresividad del derecho, se esconde una trama donde la vida humana corre el riesgo de ser desplazada por el interés tecnológico y el lucro incesante. Como defensores de la vida por encima de cualquier construcción jurídica de satisfacción, considero urgente detenernos a reflexionar: ¿estamos conquistando libertades o estamos pavimentando la infraestructura de un Estado de Derecho que habilita mercados corporativos?
El principio de progresividad del Derecho es el motor que hoy permite una aplicación transversal de las leyes. Tenemos la Ley de Identidad de Género (N° 19.684), cuyo artículo 21 garantiza la adecuación del cuerpo a la identidad; por otra parte, también existe la Ley de Reproducción Humana Asistida (N° 19.167), que financia técnicas de alta complejidad; y la reciente Ley de Endometriosis (N° 20.374), que obliga al Estado a profundizar en el estudio del útero.
Vistas por separado, parecen victorias humanitarias. Pero al conectarlas, el panorama cambia. Por ejemplo: el estudio del útero motivado por la endometriosis, ¿no podría generar la base técnica para trasplantes en procesos de reasignación de sexo? Aquí la ley no solo habilita un derecho, sino que crea un mercado de intervención corporal. Cuando la normativa no limita las intervenciones a las técnicas actuales, deja la puerta abierta a cualquier tecnología futura que se valide científicamente, convirtiendo al cuerpo en un lienzo de intervención génica y tecnológica.
En este contexto, debemos entender una distinción fundamental —y este es un campo de investigación que amo—: así como la escolarización no es sinónimo ni garantiza la educación, la salud no se limita a la asistencia médica y la farmacología. Hoy, los sistemas jurídicos permiten que el avance científico se aplique de forma transversal para satisfacer deseos individuales, pero ¿a qué costo?
¿Acaso esa satisfacción personal no es el combustible que mantiene vivo el fin de lucro de corporaciones? Siendo así, lo que para una persona forma parte de la realización de su proyecto de vida, para la industria es un nicho de lucro incesante: fármacos inmunosupresores de por vida, cirugías de altísima complejidad financiadas por el Fondo Nacional de Recursos y una dependencia absoluta de la técnica y de la tecnología. Las preguntas en este sentido no deberían dejar de hacerse, porque no siempre lo legal es lo correcto. Al final, sin la reflexión de que estamos ante la intervención del cuerpo humano con fines que trascienden lo terapéutico para entrar en lo comercial, estamos ante uno de los puntos más oscuros de esta deriva biopolítica.
Al analizar el cruce de la legalidad de la eutanasia con la de la donación de órganos, me fue inevitable imaginar el destino de las cosas si no damos a la vida humana el valor correcto. En este caso, es indiscutible entender que podría existir un conflicto de intereses latente, sobre todo porque ya es sabido que la necesidad de órganos vivos para trasplantes exitosos podría estar por encima de una sedación total que, en teoría, debería proteger al paciente del dolor en su final. ¿En qué momento el derecho a morir se convierte en una oportunidad para la expropiación de órganos? Porque si la Ley obliga por defecto, no existe tal cosa como "donación".
Mi punto aquí se vuelve agudo e intento recapacitar: si el sistema empieza a ver al ciudadano como un conjunto de piezas intercambiables y funcionales, la dignidad de la vida humana desaparece. La vida se vuelve un insumo y pasa a formar parte del mercado. ¿Qué esperamos, entonces, a futuro si el camino es el de la fría indecencia? No creo que estemos muy lejos de ver cómo este mismo afán de control y mercado meterá mano en otro tipo de leyes, como las leyes de adopción, cerrando el círculo de una existencia diseñada y biológica, intervenida y transaccionada.
Quizás, desde la filosofía del derecho, debemos preguntarnos si el Estado debe ser el garante de cualquier deseo tecnológicamente posible o el protector de la integridad esencial del ser humano y de su vida, que debería estar por encima tanto del derecho a la satisfacción como del derecho a que el Estado regule los mercados humanos, entregándonos, atados de pies y manos, a la voluntad del mismo.
No se trata de oponerse al alivio del sufrimiento, sino de denunciar la mercantilización del cuerpo a través de técnicas que proponen una nueva religión para que el mercado sea quien presione a legislar cosas que pertenecen a lo natural y no precisan regularse. La vida es un fin en sí misma, no un recurso para el lucro.
Eloísa