Como familias que dirigimos la educación de nuestros hijos y defendemos la soberanía de nuestros vínculos, no podemos guardar silencio ante un sistema que prioriza el procedimiento administrativo por encima del latido humano. Esto es también moneda corriente en centros educativos donde llenar un casillero en un formulario digital pasa por encima de la multiplicidad de razones de enfermedad o trastornos que intentan certificar los padres en su Derecho a proteger a sus hijos ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
Estos episodios nos obligan a mirar hacia atrás, hacia uno de los momentos más oscuros y reveladores de la historia del derecho: el Juicio a los 23 Médicos en Núremberg. Aquellos profesionales, responsables de actos atroces, intentaron justificarse bajo una premisa que hoy, lamentablemente, vuelve a resonar en los pasillos de diversos organismos: "estábamos cumpliendo con la normativa vigente". Ese juicio dejó una lección que parece estar desvaneciéndose: hacer todo lo legal no significa, bajo ninguna circunstancia, estar haciendo lo correcto.
De ese dolor y de la necesidad de poner límites al poder sobre los cuerpos, nació el Código de Núremberg y la bioética moderna. Estos principios surgieron para recordarnos que meras reglamentaciones no pueden ser una armadura para la indiferencia ni un escudo para la omisión de auxilio. La ética y el derecho natural nos dicen que la protección de la vida es el mandato supremo, una premisa que ninguna circular interna debería tener el poder de anular.
La maternidad y el nacimiento, la crianza en sus distintas etapas, son hechos vitales que exigen una respuesta humana inmediata. Cuando una resolución o decreto impiden que un médico asista en situación de emergencia a pocos metros de la puerta de un hospital, o se rechaza el pedido de adecuaciones curriculares y tolerancia ante solicitudes de urgencia de padres preocupados, estamos ante una transgresión que ignora la esencia misma del cuidado. Como bien sabemos en nuestra comunidad, el derecho no debería ser una herramienta tecnocrática para distanciar al ser humano de su responsabilidad ética y moral, sino un marco para preservar la dignidad de la existencia por encima de cualquier dogma.
Mi reflexión es clara: debemos conocer nuestros derechos si queremos ejercer y defender nuestras libertades. Permitir que la burocratización estatal nos quite la capacidad de reaccionar ante la urgencia del otro es un despojo absoluto de toda humanidad. El código de bioética existe precisamente para recordarnos que la ley está al servicio de la vida, y no al revés, y que lo "legal" nunca más debería ser la excusa para actuar de forma incorrecta.
Si perdemos el rumbo y comenzamos a regirnos por dinámicas automatizadas solo por cumplir con requerimientos administrativos, demostramos frialdad, falta de razonamiento lógico, sentido común, amor y misericordia por el dolor ajeno. Este mundo ya tiene suficiente de todo eso; así que, simplemente, actúa urgentemente y abre tu boca por los mudos en el juicio de los desvalidos.
No podemos ser espectadores pasivos de constantes disposiciones que asfixian el instinto básico de socorro. Si un reglamento nos impide ser humanos, entonces ha fracasado y es nuestro deber civil y moral señalarlo. Retomar el camino implica desaprender la obediencia ciega y volver a abrazar la ética razonable y justa del amor al prójimo. Esto conlleva entender que defender la libertad no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se ejerce cada vez que elegimos la compasión sobre el trámite.
Que el grito de las injusticias no se pierda en el eco de los expedientes, sino que se convierta en el motor que nos impulse a restaurar la humanidad en cada rincón de nuestra sociedad. Nuestra tarea como familias y ciudadanos es ser guardianes de esa soberanía vital. Educamos para darle a nuestras naciones seres humanos extraordinarios que amen hacer el bien.
Nunca olvidemos que donde termina la norma escrita, es donde realmente comienza nuestra responsabilidad con la vida. Nos tenemos que hacer cargo.
Eloísa Troya