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Soberanía Educativa e Integridad jurídica

Estas ideas nacen de la firme convicción de que el sistema educativo y el sistema judicial deben servir a la verdad y al bienestar del ser humano, y no a la conveniencia de las instituciones o de informes sesgados. Sostendré las mismas bajo los siguientes pilares fundamentales:
La educación es un derecho y una obligación del ser humano, pero la escolarización es solo una de sus vías. Debemos defender que el aprendizaje es intrínseco a la vida y que no puede reducirse exclusivamente a la asistencia o inscripción a un centro.
Reconocemos que, si bien la modalidad educativa desde el hogar es una opción legítima, no buscamos el proselitismo, sino el respeto a la libertad de elección. Eso es lo que se garantiza y protege jurídicamente.



Por otra parte, nadie tiene la autoridad moral ni profesional para hablar de los derechos de los menores si desconoce el espectro completo de las normativas jurídicas que los regulan y lo que pasa en los juzgados cada vez que un proceso recae sobre los adultos que les representan. Exigimos que cualquier intervención en la vida de un menor a cargo sea guiada por un conocimiento profundo de todo el espectro de leyes y distintas normativas que regulan, limitan y administran la vida humana del menor, incluidas las relativas a la alienación parental, de las cuales, por lo general, no se habla.

La justicia no asienta sus dominios sobre propagandas panfletarias sujetas a cruzamientos de opinión, sino que debe ser una aplicación técnica y ética de la ley, acuñada en la verdad moral que edifica e ilumina las conciencias.
Reivindicamos entonces, la integridad de los procesos y la protección a la maternidad y denunciamos la instrumentalización de la justicia para atacarlas arbitrariamente. En este sentido rechazamos la fabricación de informes malintencionados diseñados para manipular el curso de los procesos judiciales contra padres y madres amorosos, que dan la vida por sus hijos y se los criminaliza.
Recordamos a todas las autoridades que la verdad procesal debe prevalecer sobre los intereses de quienes buscan dirigir los veredictos a conveniencia, garantizando que el sistema judicial no se convierta en una herramienta de persecución constante.
Esto es tan así, que nos comprometemos entonces a fomentar la conciencia social respecto al rol de las escuelas dentro de una sociedad. Reconocemos con humildad y realismo la función social de toda institución escolar, ya que en un mundo de desigualdades, la escuela actúa muchas veces como un refugio vital para miles de niños que encuentran en ella no solo instrucción, guía y cariño, sino que además, gracias a ella, muchos de estos niños comen cuando provienen de hogares carenciados.
Valoramos las escuelas como red de contención en esos casos, respetando el rol subsidiario del Estado que las instrumentaliza, así como reconocemos la brillante labor de miles de maestros, profesores, técnicos y profesionales realmente comprometidos con el cambio, que trabajan cada día y a deshora para construir una nación con valores donde podamos convivir civilizadamente, sin que esto anule la necesidad de defender alternativas educativas para aquellos que así lo elijan, lo deseen o lo necesiten.
Sostenemos que la educación se erige sobre pilares sólidos que nos hacen libres; pero la verdad jurídica, sobre aquellos que nos hacen justos.
La verdadera memoria es la que mira hacia atrás y no fracasa.